POLÍTICOS AMATEURS

Ahora que se acercan las elecciones, se arreglan las calles, se inauguran hasta las alcantarillas y se prometen cientos de puestos de trabajo para la próxima legislatura, los partidos “populares” navarros, en una pirueta austera de sensatez y holgada de desmemoria, nos proponen desprofesionalizar la política.

Resulta que fueron ellos mismos los que en la legislatura 2003/2007 aprobaron, gracias a su mayoría absoluta, el que los parlamentarios tuvieran un sueldo para poder dedicarse en exclusiva a la política. En la cantidad de despropósitos y desfalcos que han anegado la vida pública de este país, el recorte que plantean no deja de ser “el chocolate del loro”. ¿Acaso va a ser garantía de que, no percibiendo estipendio alguno, la clase política lo va a hacer mejor? Si cobrando lo que cobran ya hay muchos que se les hacen los dedos huéspedes ¿como evitarán la tentación de “meter la mano en el cajón” si no reciben un sueldo que les permita vivir con dignidad? ¿Quién se va a poder (o querer) dedicar a la política?¿Y por qué no se va a retribuir la dedicación a la causa pública? ¿Es casualidad que lo digan ahora que presagian ser desalojados de las poltronas que tantos años han ocupado?

Esta amnesia viene a sumarse al olvido de aquel “eterno diputado navarrro” que (entre otros muchos) trasegaba entre Madrid y Pamplona sobresueldos “ensobrecidos” para compensarle a su compañero de partido por haber tenido que cerrar la consulta al ser nombrado consejero de Salud del Gobierno de Navarra. Aparte del sueldo que le correspondía como consejero, el “popular” estuvo cobrando (en B) 3.600 euros de sobresueldo desde 1991 hasta 1995 (que se sepa).

No obstante resulta llamativo que en el Área Metropolitana de Pamplona (unos 300.000 habitantes) haya veintitantos ayuntamientos y más de 280 concejales. Bien es cierto que muchos concejales de ayuntamientos pequeños no cobran nada y que España está por debajo de la media europea en número de funcionarios, pero la mayor distorsión parece que se halla entre los cargos políticos que pueblan nuestra Administración: aparte de los gobernantes electos (Congreso, Senado, Parlamento Europeo, Comunidades Autónomas) habría que enumerar una incalculable caterva de Vicepresidentes, Directores Generales, Secretarios, Delegados (en las distintas administraciones), asesores y cargos de confianza en empresas públicas y participadas,  Mancomunidades, Cámaras de Comercio, Federaciones, Institutos, Tribunales, Observatorios, Fundaciones, Embajadas, Delegaciones, Diputaciones, Cabildos, Agencias, Consorcios, Casa Real, Organismos, Tribunales, Patronatos, Consejos, Tesorerías, Agencias, Secretarías, Gabinetes, Patrimonios, Direcciones Generales, Instituciones, Mutualidades, Parques, Entidades de gestión, de cooperación, de desarrollo, financieras, culturales, de conservación, de investigación, de transporte, infraestructuras, etc. etc. etc.

Así las cosas y dado que en mi comunidad soy el único vecino sin cargo de Presidente, ni vicepresidente, ni secretario, ni administrador, voy a ver si llego a un acuerdo con las cucarachas de mi piso y monto una comisión de subsecretarios. No saldremos de la miseria pero las reuniones van a ser de categoría.

Suyo, afectadísimo: Juanito Monsergas

SANGRE IRREAL

Tradicionalmente, la pureza de la sangre ha sido condición sine qua non y razón de ser (y de heredar) de las monarquías europeas desde la noche de los tiempos. Los lazos familiares han sido constantes en los casamientos reales durante cientos de años. La madre del emperador Leopoldo I de Austria era hermana de Luis XIV, hermana del padre de su esposa María Teresa (Felipe IV) e hija de la hermana del padre de su marido (Fernando III). La hermana de Leopoldo I se casó con su sobrina Margarita Teresa, hija de Felipe IV y hermana de la esposa del Rey Sol. Así pues, Felipe IV era tío, cuñado y suegro del emperador de Austria.

Sabido es que la casa de los Austrias se extinguió por la reiterada endogamia de la que los Borbones no son en absoluto ajenos: Felipe V, Luis I y Carlos IV se casaron con primas hermanas, los cuatro matrimonios de Fernando VII fueron con Mª Antonia Borbón (prima carnal), Mª Isabel de Braganza (prima carnal), Mª Josefa de Sajonia (prima y sobrina segunda) y Mª Cristina de Borbón (sobrina).

Alfonso XII era en realidad hijo de Enrique Puigmoltó, uno de los múltiples amantes de su madre Isabel II, casada con su primo hermano Francisco de Asís, homosexual reconocido. El padre de Alfonso XIII también se caso con su prima hermana y, en segundas nupcias, con Cristina de Hasburgo, pariente en tercer grado. El hijo de Alfonso 12+1, Juan conde de Barcelona y que no llegó a reinar, también se desposo con su prima, María de las Mercedes y engendró al abdicado Juan Carlos I, cuya esposa Sofía de Grecia no tiene nada de griega y en realidad está emparentada con la dinastía reinante en Dinamarca y Noruega entre otras.

No es de extrañar que, con estos antecedentes, el actual rey de España haya buscado sangre fresca para elegir consorte, aunque parece quedar en entredicho el derecho de sucesión. Si no son de sangre real ¿Dónde reside la legitimidad de su cargo? ¿Ya no tienen que pertenecer a la línea de sangre de los Borbón, Sajonia Coburgo Gotha, Oldemburgo, Orange Nassau, Schleiswig Holstein... de la que descienden todas la monarquías europeas y que ocupan sus tronos por designación divina?

En realidad todas estas disquisiciones sobre el árbol ginecológico de la nobleza me resultaría indiferente, si no fuera porque el coste de la monarquía en este país se aleja mucho de los 8 millones que dicen que les pagamos (el diputado Joan Tardá lo cifra en unos 100 millones anuales si contamos las partidas que destinan todos los ministerios a sus actividades), el oscuro origen y dimensión de su fortuna (que el New York Times cifra en 1.800 millones de euros) y que la Constitución reconozca que el rey es inviolable y no está sujeto a responsabilidad, por tanto, no se puede hablar de sus actividades irregulares o fuera de la ley y no tiene que acudir a proceso judicial alguno, ni siquiera en calidad de testigo.

En definitiva: nuestro rey es un irresponsable, puede delinquir sin que se le pueda procesar, está al frente de los tres ejércitos y además su cargo es hereditario y lo decide él. Eso sí, es alto y guapo.

Suyo, afectadísimo: Juanito Monsergas

TRES EN UNO

El gobierno, tan preocupado por nuestra seguridad y bienestar, aprovecha el tiempo y, antes de que los “adanes populistas bolivarianos” lo desalojen del laborioso compromiso de alegrarnos la vida en cada telediario, quiere dejar su impronta en un campo en el que siempre ha demostrado gran pericia: el orden público.

Podemos estar tranquilos pues, a partir de ahora, el presidente del Ejecutivo, ese preclaro ojo de lince, tan hábil para detectar las amenazas de la patria como agudo en la dicción, podrá dictaminar el “estado de interés de seguridad nacional”, antesala de los estados de alarma, excepción y sitio. Además, con la nueva ley de seguridad ciudadana y gracias a las nuevas, variadas y sustanciosas multas que se van a poder imponer a los ciudadanos, no van a hacer falta ni planes de recortes para salir de la crisis. Eso si, no creo que sea fácil cobrarle a un parado 600.000 euros por manifestarse a las puertas del Congreso o 30.000 a un desahuciado por protestar cuando le quiten la casa y esperemos que, a los que increpan a banqueros, políticos y realeza pillados con la mano en el cajón, les podamos rascar algo, que no sé yo.

Igual conseguimos esquilmarles 600.000 euros a los de Greenpeace cuando se encaraman a las centrales nucleares o interfieren con sus barcos, pero lo de sancionar con falta muy grave las protestas en hospitales y universidades o a los que celebren espectáculos públicos prohibidos, me parece que lo vamos a tener complicado. Lo que sí considero muy útil y necesario es calificar de falta grave fumarse un porro, tirar una colilla en lugar público o grabar los “excesos” policiales. Y además no veo ninguna contradicción en que sea la policía la encargada de evaluar las infracciones provocadas por ellos mismos y aplicar las sanciones correspondientes, otorgando presunción de veracidad por si hubiera testigos. Así no hace falta poner más medios en la judicatura y se resuelve todo más rápido.

Con la cantidad de sanciones que se va a poder imponer y la abundancia de nuevos delitos que nos va a brindar la nueva ley, será difícil buscar un ciudadano que no sea susceptible de sanción y, tal y como están las cosas, si bien es una ventaja que todos seamos criminales, tengo mis fundadas sospechas que a toda esa manga de desarrapados, yayoflautas y pinchauvas que tanto protestan y objetivo de la ordenanza en cuestión, no vamos a poder sacarles ni el supuesto más barato de la infracción y vamos a tener que meterlos a todos en prisión, con el consiguiente problema de alojamiento. Quizá sea el momento de cobrarles la manutención carcelaria y, en caso de impago, los podamos desahuciar del talego y considerarlos “presos externos”.

Pero lo que me parece que es un acierto total es el pacto antiterrorista del PSOEZ y el Partido Copular y la instauración de la cadena perpetua revisable para delitos que tengan que ver con ese, cada vez más amplio, inconmensurable y difuso mundo del terrorismo. Yo, a todos esos terroristas que se llenan de explosivos para inmolarse en cualquiera de nuestros supermercados les ponía no una sino ¡tres cadenas perpetuas!. ¡Y que se jodan!

Suyo, afectadísimo: Juanito Monsergas