lunes, 2 de febrero de 2015

TRES EN UNO


El gobierno, tan preocupado por nuestra seguridad y bienestar, aprovecha el tiempo y, antes de que los “adanes populistas bolivarianos” lo desalojen del laborioso compromiso de alegrarnos la vida en cada telediario, quiere dejar su impronta en un campo en el que siempre ha demostrado gran pericia: el orden público.

Podemos estar tranquilos pues, a partir de ahora, el presidente del Ejecutivo, ese preclaro ojo de lince, tan hábil para detectar las amenazas de la patria como agudo en la dicción, podrá dictaminar el “estado de interés de seguridad nacional”, antesala de los estados de alarma, excepción y sitio. Además, con la nueva ley de seguridad ciudadana y gracias a las nuevas, variadas y sustanciosas multas que se van a poder imponer a los ciudadanos, no van a hacer falta ni planes de recortes para salir de la crisis. Eso si, no creo que sea fácil cobrarle a un parado 600.000 euros por manifestarse a las puertas del Congreso o 30.000 a un desahuciado por protestar cuando le quiten la casa y esperemos que, a los que increpan a banqueros, políticos y realeza pillados con la mano en el cajón, les podamos rascar algo, que no sé yo.

Igual conseguimos esquilmarles 600.000 euros a los de Greenpeace cuando se encaraman a las centrales nucleares o interfieren con sus barcos, pero lo de sancionar con falta muy grave las protestas en hospitales y universidades o a los que celebren espectáculos públicos prohibidos, me parece que lo vamos a tener complicado. Lo que sí considero muy útil y necesario es calificar de falta grave fumarse un porro, tirar una colilla en lugar público o grabar los “excesos” policiales. Y además no veo ninguna contradicción en que sea la policía la encargada de evaluar las infracciones provocadas por ellos mismos y aplicar las sanciones correspondientes, otorgando presunción de veracidad por si hubiera testigos. Así no hace falta poner más medios en la judicatura y se resuelve todo más rápido.

Con la cantidad de sanciones que se va a poder imponer y la abundancia de nuevos delitos que nos va a brindar la nueva ley, será difícil buscar un ciudadano que no sea susceptible de sanción y, tal y como están las cosas, si bien es una ventaja que todos seamos criminales, tengo mis fundadas sospechas que a toda esa manga de desarrapados, yayoflautas y pinchauvas que tanto protestan y objetivo de la ordenanza en cuestión, no vamos a poder sacarles ni el supuesto más barato de la infracción y vamos a tener que meterlos a todos en prisión, con el consiguiente problema de alojamiento. Quizá sea el momento de cobrarles la manutención carcelaria y, en caso de impago, los podamos desahuciar del talego y considerarlos “presos externos”.

Pero lo que me parece que es un acierto total es el pacto antiterrorista del PSOEZ y el Partido Copular y la instauración de la cadena perpetua revisable para delitos que tengan que ver con ese, cada vez más amplio, inconmensurable y difuso mundo del terrorismo. Yo, a todos esos terroristas que se llenan de explosivos para inmolarse en cualquiera de nuestros supermercados les ponía no una sino ¡tres cadenas perpetuas!. ¡Y que se jodan!


Suyo, afectadísimo: Juanito Monsergas

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