DERECHOS

El violento arresto de dos personas hace unos días en Mondragón por parte de la Guardia Civil, vuelve a suscitar dudas en partidos políticos, asociaciones y un amplio espectro social sobre los procedimientos seguidos en este tipo de actuaciones.

Las contradictorias declaraciones del instituto armado, la trayectoria y origen de los cuerpos encargados de estas funciones (salpicados a lo largo de su historia por abundantes casos de tortura y malos tratos) y el aislamiento del detenido, propician la vulneración de los derechos humanos. La prisa del ministro del Interior en corroborar la versión policial sin investigarla no ayuda a disipar los recelos ni a evitar futuros abusos.

El estado de derecho, tantas veces invocado, debe cumplir las normas también en los calabozos si quiere considerarse creíble, gozar del monopolio de la fuerza y evitar espacios de impunidad. La grabación de la estancia en las dependencias policiales y la asistencia letrada ayudarían a despejar las dudas que este tipo de episodios nos suscitan a los ciudadanos.

Que duda cabe, señor Bono, que los guardias han de tener sus derechos (incluso los de sindicación) pero también los queremos para el resto de personas (delincuentes incluidos) y que haya mecanismos de control que eviten excesos y abusos en el desempeño de sus funciones.

Actitudes de disculpa y corporativismo en este tipo de sucesos no hacen sino retrotraernos al famoso empecinamiento que presentaban los represaliados por la Brigada Político Social franquista en caerse por las escaleras de comisarías y cuartelillos.

En Pamplona/Iruña a 11 de enero de 2008

Juanito Monsergas