ESPACIO PUBLICO

Una de las herencias que nunca agradeceremos lo suficiente los vecinos del Casco Viejo al destituido equipo municipal es la profusión de nuevas licencias hosteleras y la proliferación de terrazas y terrazas de barril que inundan nuestras calles, pero con especial virulencia las zonas más sensibles y que, cualquier persona con sentido común y sin intereses económicos, calificaría sin ninguna duda como saturadas. Qué fácil es vender lo público, ¿verdad?.

La apertura de cuatro bares más en San Nicolás (de momento) hace presagiar un deterioro aún mayor de las condiciones de habitabilidad de dicha calle y ahonda en la perversión del espacio público que el Ayuntamiento de Pamplona ha permitido, ignorando los derechos de los vecinos y accediendo a las propuestas más mercantilistas, abusivas e ilegales que ha conocido esta ciudad en muchos años.

Las calles constituyen las arterias por las que fluye el ADN de la ciudad, su población, y no se pueden ceder a negocios privados para que se haga un uso particular (pues particular es su negocio) y monopolístico sustrayendo a la ciudadanía un espacio y una actividad que le pertenece por derecho. El caso de la calle San Nicolás es el más sangrante pero no el único, ni mucho menos, aunque su cotidianidad (media semana de invasión continua y noches verbeneras sin descanso) lo conviertan en un auténtico suplicio para sus vecinos.

Las declaraciones de los hosteleros aduciendo un beneficio para la calle (?) al aumentar el número de bares (actualmente hay uno por cada nueve metros) resulta demencial si no cínico. Cualquiera con dos dedos de frente y sin conocimientos urbanísticos se da cuenta de que dicha unicidad comercial convierte el espacio en un gueto de difícil recuperación induciendo a la población a ese único uso y ahuyentando cualquier otro, por no hablar de la nefasta influencia en el mercado inmobiliario que, por una parte ve como se deprecian los pisos de ciertas calles y por otra se dispara el valor de las bajeras, creando una miniburbuja que espanta al resto de sectores y desvirtúa peligrosamente la actividad comercial, incluso de la propia hostelería. Porque además un bar no es una zapatería.

Los comerciantes han de hacerse conscientes de que su oferta ha de estar integrada en un modelo ciudadano compensado, sostenible y de servicio a la sociedad que proporcione a ese mismo comercio unas infraestructuras, unos servicios y una clientela que equilibren una realimentación beneficiosa para ambos. Y es la autoridad municipal la que debe organizar y fomentar esa red comercial evitando distorsiones y abusos por intereses económicos y corporativos lógicos en cualquier interacción comercial. Esperemos que la nueva Corporación asuma sus responsabilidades y frene las espurias pretensiones de los ávidos inversores que quieren convertir el Casco Histórico de Iruña en un parque temático hostelero.

Si lo que va a prevalecer es la ley del más fuerte (o el más rico) nos sobra la autoridad, porque ésta sólo puede tener sentido cuando protege a los más débiles, legisla para el conjunto de sus ciudadanos y hace respetar las normas a todos. A los humildes y a los poderosos.

Suyo afectadísimo, Juanito Monsergas.