El gobierno de Silvio Berlusconi ha decretado la “emergencia nacional” ante la oleada de inmigrantes que han llegado a sus costas. La diligencia del “Cavaliere” por criminalizar a quienes buscan escapar del hambre y los conflictos bélicos, contrasta con la promulgación de la ley que declara la inmunidad total para los cuatro cargos más altos del Estado.
Felicitándose por terminar con la “persecución judicial” en su contra, el primer ministro italiano aún tuvo la desfachatez de alardear de las 2.502 audiencias en las que se ha visto inmerso. De esta manera se libra de la más que probable condena por sobornar con 380.000 euros a un abogado británico para que cometiera perjurio a su favor.
Nunca he llegado a entender por qué los parlamentarios no debían tener las mismas responsabilidades que "todo hijo de vecino” y sus actuaciones, como gestores de la cosa pública, no han de responder ante los tribunales de justicia. Se suele apelar a la seguridad nacional o a secreto de Estado para silenciar las prácticas delictivas de los regidores, pero ¿Hay algo más peligroso que un gobierno corrupto?
A los que llegan a sus playas (y a las nuestras) en busca de una vida menos miserable, se les convierte en delincuentes, mientras los facinerosos aprueban leyes de impunidad parlamentaria. Son los criminales oficiales. Y quien mejor que Burlisconi para dejarlo claro.
En Pamplona/Iruña a 30 de julio de 2008
Juanito Monsergas
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