ESCUCHAS

Para un ingenuo e ignorante optimista como yo, la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal por parte del gobierno podría parecer una buena noticia. A fin de cuentas la ley, que regula la interceptación de las comunicaciones, data del siglo XIX y fue modificada en el año 1988, cuando la informática estaba en mantillas y faltaba más de una década para que el invento que ha revolucionado nuestras vidas viera la luz: el móvil.

No se prevé asignar más medios técnicos y humanos para aligerar la carga en los juzgados sino que, lo que se pretende entre otras cosas, es permitir la intervención de las comunicaciones sin autorización previa del juez (aunque comunicándolo posteriormente), además de a los delitos de terrorismo (comodín de la excepcionalidad), a los cometidos en el seno de un grupo u organización criminal, a los relacionados con menores, a los delitos cometidos a través de instrumentos informáticos o de cualquier otra tecnología de la información o la telecomunicación o servicio de comunicación y “otros delitos que, en virtud de las circunstancias del caso puedan ser considerados de especial gravedad, y existan razones fundadas que hagan imprescindible la intervención de comunicaciones”. Muy poco concreto todo.

Lo que en un principio pudiera parecer un instrumento eficaz para que no vuelva a ocurrir que delincuentes, a los que se ha grabado sus corruptelas, salgan de rositas con la excusa de que el juez no había autorizado las escuchas previamente, se me antoja que pudiera servir también (o en vez de) para que delitos contra la propiedad intelectual o convocatorias y actos de protesta social, permitan a la policía quebrantar nuestro derecho a la intimidad.

Si cualquier empresa de medio pelo (y no digamos las eléctricas, telefónicas, financieras, ...) ha comprado nuestros datos (DNI, dirección, teléfono, ingresos, consumo, ...) para bombardearnos con su publicidad a pesar de la ley de protección de datos, no me quiero ni imaginar lo que pueden hacer las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con una “herramienta” tan sensible como es el control de las comunicaciones de la población.

Parece que todo va a depender del buen uso que, desde las entrañas de la Administración, se quiera hacer de nuestra privacidad. Y, la verdad sea dicha, hoy por hoy el estado del Estado es bastante lamentable y no goza, precisamente, de la credibilidad de su ciudadanía.

Según trascendió el año pasado, la NSA estadounidense realizó en España más de 60 millones de interceptaciones telefónicas y telemáticas en un solo mes. En menos de diez años, todos criminales.

Suyo, afectadísimo: Juanito Monsergas