CRISIS

Hace unos años, indagando en las razones del alza desorbitada del precio de la vivienda, una solución razonable parecía ser la ampliación de “terreno urbanizable” y el control desde los ayuntamientos y las comunidades autónomas en la recalificación del suelo, bien escaso que veía multiplicar su valor.

Los Gobiernos Autonómicos, no han hecho su trabajo o por lo menos se han desentendido de sus obligaciones, dejando hacer a ayuntamientos y promotores lo que les ha venido en gana, sin ningún tipo de control.

Los ayuntamientos han visto en la recalificación de terrenos una sencilla fuente de financiación y los gestores municipales muchas veces han sido recompensados por las facilidades otorgadas a los voraces constructores y promotores, que a menudo han cruzado la delgada línea que separa la legalidad (tan escamoteada con triquiñuelas y artimañas por abogados y asesores sin escrúpulos) del soborno, la conculcación y la prevaricación.

Pero todas estas prácticas fraudulentas no podrían haber llegado tan lejos si no tuvieran la ayuda de los gestores financieros y las compañías de tasación. Los primeros saltándose la ética bancaria (que imprime confianza en el mercado y auténtico valor de su negocio) ampliando los plazos de las hipotecas hasta más allá de lo digerible y los segundos acomodando el valor de tasación al irreal coste que marcaba el mercado.

A esto hay que añadir las políticas fiscales estatales, favorecedoras de la especulación en detrimento de la inversión y la pasividad de la administración en perseguir el fraude en la compraventa (escrituración falsa y trasiego de dinero negro), que no ha querido ejercer su derecho de tanteo y retracto, así como la connivencia de los notarios que daban fe de algo que sabían a ciencia cierta espurio (el precio de la transacción).

Y así han conseguido que las personas que optaban a comprar una vivienda hayan visto hipotecada su vida laboral (y más allá) en un mercado de trabajo marcado por la necesidad y la precariedad más absolutas, consiguiendo allanar el camino a las empresas que, de esta manera, veían favorecida la implantación de medidas laborales abusivas y un control de la conflictividad laboral perverso que deja, a los ciudadanos en general y los asalariados en particular (contribuyentes de más del 70% de los impuestos indirectos recaudados por el estado) en una situación de total indefensión.

Y si no ¿Por qué los trabajadores perdemos de forma continuada poder adquisitivo mientras las empresas declaran cada vez mayores beneficios, repitiendo desde hace 30 años la martingala de pedir nuestro esfuerzo y moderación salarial para poder ser competitivos?

En Pamplona/Iruña a 30 de septiembre de 2007
Juanito Monsergas
Pringao operativo del gremio de la usura