Últimamente me están entrando serias dudas sobre el proceder de la judicatura con respecto a la Ley de partidos y las declaraciones de condena del terrorismo.
A algunos partidos políticos se les insta y hasta se les hace renovar su declaración de condena de la utilización de métodos violentos para conseguir fines políticos. Entiendo que la actuación de grupos que utilizan la fuerza para modificar el estatus político de la llamada nación española, ha de tener su respuesta eficaz y coherente por parte de los tribunales, pero no a costa de ver recortadas nuestras libertades y derechos, pues en ese caso lo mismo nos daría la "enfermedad" que el "tratamiento". No se puede excluir a nadie del sufragio sin una condena en firme, ni intentar modificar una sentencia anterior por el carácter pertinaz del que ya ha cumplido su pena, ni encarcelar o no según vayan las negociaciones sobre el tema.
Y aún subyace una amenaza mayor, porque ¿Quién nos dice que las "excepcionalidades" de hoy en día no se convertirán en cotidianas "normalidades" imputables a cualquiera y en cualquier situación?
A 30 años de las primeras elecciones de nuestro actual sistema de gobierno, a ningún partido se le pidió que condenara explícitamente la violencia política. No se les hizo condenar el "alzamiento" a los que procedían de aquel régimen ni renegar de la guerra sucia o el terrorismo de estado a los gobiernos que utilizaron prácticas tan poco representativas del estado de derecho.
La propia utilización del sistema parlamentario suscribe el deseo de utilizar el diálogo como forma de dirimir los conflictos, aunque la decisión de algunos de recurrir a la imposición de penas de muerte, con sentencias dictadas en petit comité y sin presentarse a oposición alguna, sea la mejor manera de demostrarlo.
No creo que el estado (o el conjunto de personas e instituciones que habitamos el territorio patrio) se vaya a poner en peligro y mucho menos a resquebrajar por que una serie de personas condenen o no la violencia.
Los ciudadanos de a pie creemos que las leyes se deben aplicar sobre delitos concretos, de forma clara y coherente, equitativamente, apoyando al más débil, defendiendo nuestra integridad y con criterios de normalización de la convivencia. O por lo menos así pensamos que debería ser.
Es una cuestión de confianza, más que de “con fianza”.
En Iruña/Pamplona 17 de junio de 2007
Juanito Monsergas
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Delicado asunto esto de ilegalizar partidos. Es cierto que no se le pidió a nadie que condenara al anterior régimen fascista y de aquellos polvos vienen estos lodos (contradicciones del sistema de apridos actual). Pero alguna vez habrá que poner coto a la violencia. ¡Qué todos los paridos hagan una declaración expresa de renunciar a la violencia para conseguir sus objetivos! Los abertzales de la orbita de ETA y los falangistas. Estamos venga condenar a ETA y se nos están colando los fascistas por todos los sitios (si es que alguna vez se fueron, claro).
ResponderEliminarSaludos